Boletín Junio 2014

BOLETIN JUNIO/14

 

A. ANTEPROYECTO DE LEY/23 DE JUNIO DE 2014

Se prevé que la reforma fiscal entre en vigor en 2015, afectando al IS, IRPF, IVA, IRNR y a la Ley General Tributaria:

1)     Impuesto sobre sociedades:

–      Las Sociedades civiles pasan a ser contribuyentes del Impuesto de Sociedades que tengan objeto mercantil y que tributan hasta la aprobación como contribuyentes del IRPF.

–      Se incorpora el concepto de actividad económica siendo: “la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. En el caso de arrendamiento de bienes inmuebles, se entenderá que existe actividad económica, únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos una persona empleada con contrato laboral y jornada completa.

–      Se recoge de manera expresa la no integración en la base imponible de la reversión de aquellos gastos que no hubieran resultado fiscalmente deducibles.

–      La integración en la base imponible de rentas negativas se difiere en el tiempo, cuando se generen de la transmisión de elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, intangibles y valores representativos de deuda, si dicha transmisión se realiza en el ámbito de un grupo de sociedades.

–      Se incorpora un nuevo supuesto de libertad de amortización para elementos del inmovilizado material nuevos, cuando el valor unitario no exceda de 300 euros, con el límite de los 25.000 euros por ejercicio.

–      No deducibilidad de cualquier tipo de deterioro correspondiente a otro tipo de activos, siendo deducibles exclusivamente los deterioros de las existencias y de los créditos y partidas a cobrar.

–      No deducibilidad del deterioro de los valores de renta fija

–      No deducibilidad del deterioro de los activos cuya imputación como gasto en la base imponible ya se realiza de manera sistemática (amortizaciones)

–      El tratamiento fiscal de la financiación propia de los préstamos participativos otorgados por entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades, se equipara al correspondiente a la financiación vía aportaciones a fondos propios o vía préstamo participativo dentro de un grupo mercantil.

–      Los gastos por atenciones con clientes o proveedores serán deducibles, no teniendo por tanto consideración de liberalidad, con el límite del 1% del importe neto de la cifra de negocios de la entidad.

–      La retribución a los administradores por el desempeño de funciones distintas a las correspondientes a su cargo, no tendrá la consideración de donativo o liberalidad.

–      Se mantiene la no deducibilidad de los gastos financieros generados en el seno de un grupo mercantil, destinados a la adquisición de otras entidades del grupo. La deducibilidad de los gastos financieros netos tiene como límite el 30% del beneficio operativo, con el límite de 1 millón de euros.

–      El perímetro de vinculación queda fijado en el 25% de participación (antes 5% y 1% para entidades cotizadas)

–      Se permite la aplicabilidad de las bases imponibles negativas en un futuro sin límite temporal. Se introduce una limitación cuantitativa en el 60% de la base imponible previa a su compensación y admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo de 1 millón de euros.

–      El tipo de gravamen general se reduce del 30 al 25%. Para las empresas de nueva creación que realicen actividad económica el tipo de gravamen se mantiene para el 15% para el primer período impositivo en que obtienen una base imponible positiva y el siguiente.

–      Se equipara el tipo de gravamen general con el de pequeña y mediana empresa, desapareciendo la diferencia de tipos.

–      Se elimina la deducción por inversiones medioambientales, la de reinversión de beneficios extraordinarios y la de reinversión de beneficios.

–      Se establece una reducción en la base imponible del 10% del incremento de los fondos propios, que se destine a la constitución de una reserva indisponible, sin que se establezca requisito de inversión alguno de esta reserva en algún tipo concreto de activo. Esta reserva de capitalización se crea con el fin de fomentar la capitalización empresarial mediante el incremento del patrimonio neto, y con ello, incentivar el saneamiento de las empresas y su competitividad.

–      Se mantiene la deducción por creación de empleo en los mismos términos anteriores.

–      La deducción por I+D+I se mantiene aunque con porcentajes de deducción inferiores. Los porcentajes de deducción se mantienen para aquellas entidades que realicen un considerable esfuerzo en este tipo de actividades y destine el 10% del importe neto de la cifra de negocio a este tipo de gastos.

–      Con respecto a la deducción por inversiones en producciones cinematográficas se incremente el porcentaje de deducción.

–      En el régimen de consolidación fiscal se encuentran las siguientes novedades:

o    Se exige que se posea la mayoría de los derechos de voto y se permite la incorporación en el grupo fiscal de entidades indirectamente participadas a través de otras que no formaran parte del grupo fiscal, como puede ser el caso de entidades no residentes en territorio español.

o    La integración de un grupo fiscal en otro no da lugar a los efectos de extinción de aquel, de manera que la fiscalidad permanezca neutral.

o    Configuración del grupo fiscal como única entidad (se traduce en reglas específicas para la determinación de la base imponible del grupo fiscal, de manera que determinados ajustes se realicen a nivel de grupo).

–      En el régimen de operaciones de reestructuración:

o    Se establece una obligación genérica de comunicación a la Administración tributaria de la realización de operaciones que aplican el mismo.

o    Desaparece el tratamiento fiscal del fondo de comercio de fusión como consecuencia inmediata de la aplicación del régimen de exención en la transmisión de participaciones de origen interno.

o    Subrogación de la entidad adquiriente en las bases imponibles negativas generadas por una rama de actividad, cuando la misma es objeto de transmisión por otra entidad, de manera que las bases imponibles acompañan a la actividad que las ha generado, cualquiera que sea el titular jurídico de la misma.

–      En el régimen de empresas de reducida dimensión (cifra de negocios inferior a 10 millones de euros):

o    No aplicable a las entidades que tengan como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, en los términos previstos en el art. 4.8.2 a) de la Ley de Patrimonio.

o    Se prevé la creación de una reserva de nivelación de bases imponibles que permite la reducción de la base imponible hasta en un 10% de su importe, dando lugar a la minoración de la tributación de un determinado período respecto de las bases imponibles negativas que se vayan a generar en los 5 años siguientes, anticipando en el tiempo la aplicación de las futuros bases imponibles negativas. El importe minorado tiene el límite anual de 1 millón de euros. En caso de no generarse bases imponibles negativas, se producirá un diferimiento durante 5 años de la tributación de la reserva constituida.

2)     Impuesto sobre la renta de las personas físicas:

–      Reducción del número de tramos aplicable a la base imponible general.

–      Modificación de la reducción general por obtención de rendimientos del trabajo.

–      Se rebajan los tipos de retenciones quedando de la siguiente manera:

o    35% sobre los rendimientos del trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración. Cuando los rendimientos procedan de entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 100.000 euros, el porcentaje será del 19%

o    19% sobre el rendimiento del capital mobiliario.

o    19% en el caso de rendimientos de actividades profesionales. Se aplicará el 9% sobre los rendimientos que se establezcan reglamentariamente. Así mismo, será del 15% cuando el volumen de rendimientos íntegros sea inferior a 12.000 euros anuales

o    2% para los rendimientos de actividades agrícolas o ganaderas, salvo en el caso de actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura que será de aplicación el 1%.

o    2% para rendimientos de actividades forestales.

o    1% para rendimientos de actividades empresariales en estimación objetiva y en los supuestos en que reglamentariamente se establezcan.

o    19% para pagos a cuenta sobre las ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva.

o    19% será el porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos de suscripción.

–      El mínimo personal y familiar será de 5.550 a partir de 2015.

–      Se establece una deducción en la cuota diferencial de hasta 1.200 euros anuales para:

o    Los contribuyentes que trabajen fuera del hogar y además tengan en su cargo ascendientes o descendientes con discapacidad.

o    Contribuyentes que formen parte de una familia numerosa.

–      Se reducen los marginales de cada uno de los tramos aplicables a la base liquidable del ahorro.

–      Aparece un nuevo instrumento denominado Plan de Ahorro a Largo Plazo, dirigido a pequeños inversores, con la finalidad de la exención de las rentas generadas en la cuenta del depósito o el seguro de vida a través del cual se canalice dicho ahorro siempre que aporten cantidades inferiores a 5.000 euros anuales en el plazo de al menos 5 años.

–      Se incluyen en la base imponible del ahorro las ganancias y pérdidas patrimoniales cualquiera que sea el plazo de permanencia en el patrimonio del contribuyente.

–      Se suprime la deducción por alquiler

–      En relación a las reducciones de capital social con devolución de aportaciones y del reparto de la prima de emisión de acciones, la parte de las mismas que corresponda a reservas generadas por la entidad durante el tiempo de tenencia de la participación tributará de forma análoga a si hubieran repartido directamente tales reservas, así como el derivado de la venta de derechos de suscripción.

–      Se suprime la exención de los 1500 euros aplicable a los perceptores de dividendos.

–      Se revisa la exención aplicable a las indemnizaciones por despido, si bien se mantiene para el caso de indemnizaciones de trabajadores de menores rentas.

–      Se revisa el método de estimación objetiva exigiendo a partir del 2016 nuevos requisitos reduciendo los límites objetivos y las actividades que se pueden acoger a este.

–      El porcentaje de reducción aplicable a los rendimientos con período de generación superior a dos años y obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se minora del 40 al 30%.

–      Se suprime la exención relativa a la entrega de acciones gratuitas a los trabajadores de la propia empresa en la que trabajan.

3)     Otras disposiciones

–      La disposición final tercera en el artículo 105 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece una exención en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para atender a la problemática social derivada de los desahucios.

4)     IVA

–      A partir del 01/01/2015 serán de aplicación las nuevas reglas de localización de los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y televisión y de las prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica, cuando se presten a una persona que no tenga la condición de empresario o profesional, pasando a gravarse dichos servicios en el lugar donde el destinatario del servicio esté establecido

–      Los productos sanitarios pasan a tributar con carácter general del tipo reducido del 10% al 21%, siendo aplicable el tipo del 10% para determinados casos.

–      Se introduce la posibilidad, en cuanto al régimen especial de agencias de viajes, de aplicar el régimen general, siempre y cuando el destinatario sea un empresario o profesional que tenga, en alguna medida, el derecho a la deducción o a la devolución de las cuotas soportadas del Impuesto.

–      Se suprime la exención de las entregas y adjudicaciones de terrenos realizadas entre la Junta de Compensación y los propietarios de aquellos.

–      Sobre la modificación de la base imponible, en el caso de deudor de concurso se amplía de 1 a 3 meses el plazo para poder realizar la modificación y en el caso de créditos incobrables, los empresarios que sean PYME podrán modificarla en el plazo de 6 meses o podrán esperar el plazo general de 1 año que se exige para el resto de empresarios.

–      Se establece un nuevo tipo de infracción relativo a la falta de comunicación o la comunicación incorrecta por parte de los empresarios o profesionales destinatarios de determinadas operaciones a las que resulta aplicable la regla de inversión del sujeto pasivo. La sanción será del 10% de las cuotas devengadas respecto a las que se ha producido el incumplimiento en la comunicación.

5)     IGIC

–      Las modificaciones en el Impuesto General Indirecto Canarios son básicamente equiparables a las efectuadas en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

 

B. EL TRIBUNAL DE LA UE OBLIGA A LAS EMPRESAS A ABONAR EL SALARIO LIGADO A OBJETIVOS, INCLUSO CUANDO EL EMPLEADO NO ESTÁ TRABAJANDO, Y ABRE LA PUERTA A UNA RECLAMACIÓN MASIVA EN LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES.

A partir de ahora, los trabajadores que cobren una parte de su sueldo en comisiones podrán exigir que también se les abone una cantidad por este concepto cuando estén de vacaciones. Así lo establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) en una reciente sentencia en la que declara que aquellos trabajadores cuyo salario consiste en salario base y comisiones en función de las ventas conseguidas, tienen derecho a que su remuneración durante el período vacacional incluya ambos conceptos.

La razón de fondo para esta decisión radica en la consideración de las vacaciones anuales retribuidas como un principio del derecho social de la UE de especial importancia. En este sentido, el tribunal considera que el trabajador puede ser disuadido de ejercer su derecho a disfrutar de vacaciones anuales debido a la desventaja financiera sufrida durante ese período.

La sentencia no resuelve, sin embargo, cuál debe ser la cuantía que deberán abonar las empresas por este concepto ni cómo calcularlo, dejando esta cuestión en manos de los tribunales nacionales.

Aunque la sentencia se refiere a un caso inglés, la aplicación de este criterio afecta a todos los países de la UE. Se abre, por tanto, la puerta a que, en España, todos los trabajadores que se encuentren en similares circunstancias acudan a los juzgados a reclamar el pago de estas comisiones por la vía de demanda de cantidad o de reconocimiento de derechos ante la jurisdicción social. Es de esperar que en los próximos meses se produzcan demandas (tanto individuales como colectivas a instancia de los sindicatos), para que se reconozca el derecho de los trabajadores a que su salario durante las vacaciones incluya en su caso las comisiones.

La práctica habitual que sigue la gran mayoría de las empresas en Europa y, por tanto, también en España, es no computar las comisiones a la hora de determinar el salario que se abona a sus trabajadores durante las vacaciones.

Respecto al cálculo de la cantidad a pagar, algunos expertos plantean que se podría seguir, por ejemplo, el criterio habitual de cuantificación de comisiones a la hora de determinar el salario regulador de la indemnización por despido improcedente, es decir, buscar la media de los doce meses anteriores al despido o, en este caso, los doce meses anteriores a las vacaciones.

Otra opción sería hacer el mismo cálculo referido a un periodo más corto, por ejemplo, los seis meses previos. No obstante, a nivel práctico se generan toda una serie de interrogantes sobre la aplicación de esta sentencia, que tendrán que ser resueltos por los juzgados y tribunales españoles.

Los trabajadores que se encuentren en esta situación podrían reclamar ante la jurisdicción social que su empresa les pague la parte de comisiones no abonada en las vacaciones de los últimos 12 meses.

 

C. EMPLEO TAMBIÉN INFORMARÁ DE LAS PENSIONES PRIVADAS. LOS PARTÍCIPES RECIBIRÁN DATOS POR CADA PLAN QUE HAYAN CONTRATADO.

Antes de que termine este año las personas mayores de 50 años recibirán en su casa una carta por correo ordinario donde se les informará de la fecha prevista de su jubilación ordinaria, de la pensión mensual pública y también de la privada [si les correspondiera] que cobrarán en el momento del retiro laboral. El objetivo de la nueva norma es “concienciar a cada cotizante de la importancia medular que tiene la carrera de cotización sobre su futura pensión de jubilación”.

En el texto se insiste en que “la cifra será aproximada y siempre que se continuase cotizando a la Seguridad Social hasta dicha edad”. La comunicación será sobre el importe mensual, que en cada caso pudiera corresponder, calculado en euros constantes y repartidos en 14 pagas.

Con el objetivo de estimular el ahorro privado, también recibirá comunicación todo asegurado, mutualista o partícipe con la misma edad, sobre sus futuros derechos estimados, en razón a las aportaciones a los instrumentos de carácter complementario que haya suscrito. Una información homogénea a la pública por cada contrato que tuviera vigente.

Se le remitirá hasta los 65 años, con el capital estimado neto de comisiones en renta vitalicia mensual y anual, calculada en 12 pagas al año. Ambos capitales se calcularán con los datos de vida laboral y de cotización del trabajador, registrados en las bases de la Seguridad Social [para la pensión pública] y el importe de los derechos acumulados (en la gestora, aseguradora o mutualidad de previsión social) a 31 de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior en la privada.

Asimismo, recibirán información sobre la edad a la que podrán acceder a la pensión de jubilación los contribuyentes de actividades profesionales cuyos trabajos son de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre (como mineros, trabajadores del mar, ferroviarios, personal de vuelo, bomberos, profesionales taurinos, o artistas), cuya edad de jubilación puede verse rebajada. También, estará disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social. En las disposiciones transitorias se prevé la reducción gradual de la edad de los destinatarios de las cartas, establecida inicialmente en 50 años, tanto sobre la pensión pública como privada.